A través del oficio Número 686, fechado 19 de agosto; la procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios “exhortó al Alcalde Robinson Manosalva, en su condición de primera autoridad local y máxima autoridad policiva dentro del municipio, a cumplir a cabalidad con sus funciones constitucionales y legales de garantizar, por un lado, la preservación y mantenimiento del orden público y así mismo, la eficiente y adecuada prestación de un servicio público esencial”.
Este pronunciamiento se basa en la respuesta entregada por el mandatario, de que la administración municipal no se encuentra obstruyendo, ni obstaculizando las vías públicas para impedir el arribo de basuras provenientes de Floridablanca y de otras localidades de Santander al relleno sanitario Las Bateas.
El ministerio público, esbozando su preocupación; también señala que debe ser la autoridad ambiental, en este caso Corpocesar, la que determina si se generan afectaciones ambientales como consecuencia de la disposición de residuos provenientes de Santander en las bateas; sin embargo no desconoce la emergencia sanitaria que atraviesan 16 municipios santandereanos.
La procuraduría manifiesta que la empresa Veolia, debe tomar las medidas y acciones de emergencias eficaces, para contrarrestar e impedir la degradación del medio y la salubridad pública.
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